El debate sobre la modificación de la edad de imputabilidad ha cobrado un nuevo impulso en la agenda pública argentina tras hechos delictivos de gran conmoción social, como el asesinato de Jeremías Monzón en Santa Fe. Ante este escenario, el presidente Javier Milei incluyó formalmente el tratamiento de los proyectos de ley en el temario de las sesiones extraordinarias del Congreso, buscando dar una respuesta legislativa a la participación de menores en delitos graves.
El corazón del proyecto presentado por el Gobierno nacional en julio de 2024 radica en una reforma estructural del sistema actual. El cambio más significativo es el descenso de la edad de imputabilidad a los 13 años. Esta medida busca que los menores a partir de esa edad puedan ser procesados y responsabilizados penalmente por sus actos, eliminando el vacío legal que existía para este rango etario bajo el régimen vigente.
Más allá de la edad, la iniciativa propone un esquema de sanciones con un fuerte enfoque en la educación y la resocialización. Entre sus puntos destacados se encuentra la prioridad de medidas alternativas por la cual se fomentarán las sanciones no privativas de la libertad para los casos que lo permitan. Además, con los límites de condena se establece un máximo de 20 años de prisión por delitos de extrema gravedad. La propuesta también aporta un enfoque integral a partir de un sistema que busca evitar la reincidencia mediante el seguimiento educativo y el acompañamiento del menor.
Justicia y modernización
Para los representantes de La Libertad Avanza, Federico Pelli y Mariano Campero, la baja de la edad de imputabilidad es una respuesta indispensable ante el fracaso del sistema actual, el cual califica ya quedó obsoleto. Para Pelli, mantener la edad en 16 años es ignorar que la criminalidad juvenil ha evolucionado en violencia y precocidad, impulsada en parte por el flagelo de las drogas. Entre sus argumentos a favor del proyecto, el legislador sostuvo que Argentina debe alinearse con la tendencia regional de países que estableció el límite entre los 12 y 14 años, dejando de lado “ideologías” que, a su juicio, han impedido combatir el crimen del siglo XXI con herramientas modernas.
El legislador remarcó que la reparación contemplada sobre la víctima es otra clave de la propuesta oficialista porque se tiene en cuenta a una parte olvidada en los últimos años. En esta línea, Pelli rechazó el argumento de que los delitos cometidos por menores son marginales en términos estadísticos, señalando que dicha proporción no justifica la falta de justicia para los familiares afectados. Según su visión, el sistema actual es injusto por partida doble: desprotege a la sociedad y abandona al menor infractor, permitiéndole “evolucionar” en una carrera criminal sin una intervención estatal que le ponga un freno efectivo a tiempo.
Por su parte, Campero subrayó la necesidad urgente de una especificidad institucional en el sistema de justicia. Para el diputado, es fundamental que los menores que delinquen no compartan espacios con la población carcelaria adulta y por esto declaró a LA GACETA que la norma impulsada por la administración libertaria contempla la creación de institutos totalmente separados y especializados. “Esta diferenciación busca garantizar que el cumplimiento de la pena sea efectiva y acorde a la edad del infractor, evitando que los centros de detención se conviertan en escuelas del delito por el contacto con criminales experimentados”, enfatizó.
Por otro lado, el ex intendente de Yerba Buena enfatizó que el proyecto de ley contiene una visión de resocialización, pero advirtió que esto no debe traducirse en impunidad. Desde su mirada favorable a la reforma, el cumplimiento efectivo de la pena “es un pilar innegociable” para combatir un altísimo índice delictivo protagonizado por menores.
Visión opositora
Pablo Yedlin aseguró que el país debe avanzar hacía una reforma del sistema que actualmente deja a los menores en una situación de desprotección legal, donde su destino depende de la decisión arbitraria de un juez.
Más allá de esta visión, el legislador de Unión por la Patria (UxP) se muestra escéptico y crítico ante la posibilidad de bajar a 13 o 14 años la edad de imputabilidad para solucionar la inseguridad en el país. El legislador argumentó que las estadísticas demuestran que los delitos graves cometidos por menores de 16 años representan una fracción mínima del total, por lo que considera que el enfoque del gobierno tiene un tinte de “aprovechamiento político” de casos mediatizados. Para Yedlin, es fundamental respetar los convenios internacionales de no regresividad y mantener la edad en 16 años, enfocando los esfuerzos en un régimen penal juvenil que cuente con presupuesto real para la recuperación de los jóvenes.
Finalmente, el diputado subrayó que la verdadera solución al conflicto de los menores con la ley no se encuentra en el código penal, sino en las políticas preventivas y sociales. Yedlin enfatizó que el Estado debe garantizar la integración a través de la educación, el deporte, el empleo digno para los padres y la movilidad social ascendente.